El 3 de abril de 2025 marcó un hito en el sistema judicial español con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta normativa introduce cambios significativos, destacando la obligatoriedad de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de iniciar procedimientos judiciales en asuntos civiles y mercantiles.
Principales novedades de la Ley Orgánica 1/2025
La reforma tiene como objetivo principal agilizar la justicia y descongestionar los tribunales. Para ello, establece que, en casos de reclamación de rentas, incumplimientos contractuales, reclamación de honorarios y disputas mercantiles como contratos entre empresas o patentes, las partes deben acudir previamente a mecanismos como la mediación, conciliación u opinión de expertos neutrales. Este requisito busca fomentar soluciones consensuadas y eficientes antes de recurrir al litigio formal.
Excepciones y garantías
La ley contempla excepciones en situaciones sensibles, como casos de violencia de género o asuntos familiares sin margen de negociación, donde no se exige el uso previo de MASC. Además, para garantizar el acceso a la justicia, se prevé asistencia jurídica gratuita para quienes lo necesiten, asegurando que la obligatoriedad de estos mecanismos no suponga una barrera económica.
Proceso de aprobación y entrada en vigor
El recorrido legislativo de la Ley Orgánica 1/2025 fue el siguiente:
- 2 de enero de 2025: Aprobación de la ley.
- 3 de enero de 2025: Publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
- 3 de abril de 2025: Entrada en vigor, otorgando un plazo de adaptación de tres meses para su implementación efectiva.
Perspectivas y desafíos
Expertos en la materia señalan que, aunque la ley puede ser útil a corto plazo para reducir la carga judicial, su efectividad a largo plazo dependerá de un cambio cultural hacia el diálogo y la resolución amistosa de conflictos. La magistrada Verónica Ponte destaca la necesidad de promover una cultura de acuerdo y entendimiento para que la normativa cumpla sus objetivos.
En resumen, la Ley Orgánica 1/2025 representa un avance significativo en la modernización del sistema judicial español, apostando por soluciones alternativas que promuevan la eficiencia y la descongestión de los tribunales.